Ampliaron la investigación por la muerte de tres perros envenenados en Rawson
La jueza de garantías Laura Martini autorizó la ampliación de la investigación contra Carlos Rivas, vecino de Rawson acusado de haber envenenado intencionalmente a tres perros mediante el uso de un tóxico letal oculto en embutidos.
El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero, alrededor de las 21.30 horas, en un predio ubicado sobre calle Tamariscos, en el barrio La Isla de la capital provincial.
Las víctimas fueron dos hembras y un macho mestizos, que murieron tras ingerir los chorizos envenenados. Según la magistrada, la conducta investigada no solo evidenció crueldad animal, sino que también representó un grave riesgo para la salud pública, ya que el químico utilizado es un insecticida de amplio espectro prohibido como agroquímico, extremadamente peligroso incluso en pequeñas dosis para personas, aves y mamíferos.
En la audiencia estuvieron presentes los propietarios de los animales, Mauro Martini y Mauro Díaz, representados por el abogado Romano Cominetti en carácter de querellante. La investigación está a cargo de la Fiscal General Jefe Florencia Gómez, responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos Contra los Animales.
Entre las pruebas reunidas se incluyen pericias toxicológicas en restos de embutidos hallados en el lugar, en el aparato digestivo de los perros y en recipientes secuestrados en el domicilio del imputado. Todos los análisis fueron realizados en el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, cuyos informes confirmaron la presencia del tóxico.
La fiscal Gómez resaltó además que existen filmaciones que ubicarían a Rivas en el sitio de los hechos. También advirtió sobre el antecedente del uso del mismo químico en otros episodios de envenenamiento que afectaron cóndores andinos y mamíferos silvestres.
Por su parte, el defensor Pablo Sánchez se opuso a la apertura de investigación, alegando una cuestión de competencia y planteando que el caso debería ser derivado a la Justicia de Paz.
La investigación continuará dentro del plazo legal de seis meses, con nuevas diligencias para confirmar la responsabilidad del imputado.
