Causa Andis: El fiscal Picardi pidió indagar a los dueños de la droguería Suizo Argentina
Jonathan y Emmanuel Kovalivker están entre los empresarios alcanzados por el pedido. La acusación sostiene que la droguería controlaba las compras de medicamentos y coordinaba con otras 14 firmas. También solicitaron ampliar la indagatoria de Diego Spagnuolo.
Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron 43 nuevas declaraciones indagatorias en la causa que investiga una presunta red de corrupción que controló la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei y apuntaron por primera vez contra la droguería Suizo Argentina, empresa a la que acusaron de haber “cooptado” el organismo y haber montado un sistema de cartelización y sobreprecios.
La solicitud alcanza a otros cuatro directivos de la compañía y a representantes de otras 14 droguerías que, según la acusación, participaron de un esquema de compras direccionadas y sobreprecios.
Las indagatorias pedidas incluyen las citaciones de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la Suizo Argentina, acusados de haber sido jefe y miembro, respectivamente, de una asociación ilícita. Según el dictamen presentado hoy, el control que ejerció esta droguería era tal que incluía darles órdenes a los responsables de la Andis sobre a qué firmas pagar y a cuáles no (las que estaban “jugando mal”); a qué personas designar dentro de la agencia y a quiénes despedir. Los funcionarios obedecían a cambio de “retornos”, dijeron los fiscales.
El dictamen, que supera las 300 páginas, expone que la droguería administró de facto las adquisiciones del Programa Federal Incluir Salud junto a otras 14 droguerías entre mayo de 2024 y agosto de 2025. “Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, señalaron los investigadores sobre la maniobra.
El monto detectado resulta abrumador: la empresa obtuvo órdenes de compra por un total de $137.118.708.357 en tan solo 15 meses, lo que representó cerca del 30% del gasto total del organismo estatal. Para la fiscalía, una entidad privada tomó el control de un ente destinado a garantizar tratamientos esenciales a sectores vulnerables.
El mecanismo se basaba en la filtración de datos que los propios funcionarios aportaban a la firma antes de cada licitación oficial. Con esa ventaja, la compañía fijaba montos propios y ajenos, pero además definía a qué firmas se les pagaba en término y a quiénes se les demoraban las liquidaciones.
Los fiscales identificaron un esquema de doble pacto que combinaba favores estatales y sumisión de los competidores. Como prueba del apriete comercial, el expediente cita un mensaje explícito de Pablo Atchabahian a Daniel María Garbellini: “Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”, advirtió el imputado.
La revisión de archivos internos demostró que la droguería ya tenía confeccionadas las listas de ganadores y precios antes del cierre formal en el sistema oficial SIIPFIS. Esos registros previos coincidían de forma exacta con las posteriores adjudicaciones estatales.
Sobreprecios de más del 4.000% en remedios críticos
El caso más alarmante se detectó en la compra de una medicación para la esclerosis múltiple. La droguería adquiría el producto por $92.000 y se lo facturaba a la agencia estatal a valores exorbitantes que superaban los $3,8 millones por unidad.
Durante la investigación apareció la orden directa impartida por el gerente del área corporativa: “[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, exigió el directivo a su equipo de ventas.
El Estado convalidó adquisiciones de ese producto por valores de entre $3.870.392 y $4.063.912, lo que significó un sobreprecio extraordinario de 4.106,95%. La gravedad del hecho quedó expuesta al comprobarse que el mismo producto había sido comprado a otro proveedor por $281.400 dos meses antes.
Los dictámenes remarcan que estos “precios irracionales” se cancelaron con fondos públicos sin ningún tipo de objeción institucional durante las gestiones de Diego Orlando Spagnuolo y con la inserción de Garbellini en el área administrativa.
En ese marco se identificó a Atchabahian como el operador clave calificado internamente como un “gran soldado”, mientras se detectaron pagos sin justificación comercial de más de 54.000 dólares dirigidos a Miguel Ángel Calvete durante el año 2024.
