Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general en Venezuela
La presidenta encargada enviará al Parlamento un proyecto de amnistía general y ordenó clausurar El Helicoide, emblema de la represión en Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este viernes el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general para personas detenidas por motivos políticos y confirmó el cierre definitivo del centro de detención conocido como El Helicoide, uno de los símbolos más emblemáticos de la represión estatal en el país.
El anuncio fue realizado durante un acto oficial frente al Tribunal Supremo de Justicia, donde Rodríguez sostuvo que la iniciativa apunta a “favorecer la convivencia” y a descomprimir un escenario marcado por años de fuerte polarización política, tensiones sociales y denuncias sistemáticas por violaciones a los derechos humanos.
Este anuncio se produce en un contexto de extrema fragilidad institucional, marcado por la intervención directa de la administración de Donald Trump en la región y el reciente secuestro de Nicolás Maduro, hechos que han reconfigurado el tablero de poder en Caracas. Rodríguez sostuvo que la iniciativa, conversada previamente con Maduro, tiene como fin «favorecer la convivencia» y evitar espirales de venganza.
Sin embargo, el alcance real de la medida genera escepticismo entre los defensores de Derechos Humanos. Mientras el oficialismo reporta más de 600 liberaciones, las organizaciones civiles verifican cifras sensiblemente menores y denuncian que las excarcelaciones actuales mantienen restricciones graves, como la prohibición de salida del país.
La clausura de El Helicoide, un edificio ubicado en Caracas que durante años albergó a opositores, activistas y periodistas, fue presentada como un gesto de transformación institucional. El centro es señalado por múltiples testimonios como escenario de torturas, tratos crueles y detenciones ilegales.
No obstante, referentes de derechos humanos mantienen cautela respecto del alcance real de las medidas y reclaman garantías de transparencia, verificación independiente y cumplimiento efectivo de los anuncios. Advierten, además, que el cierre del penal y la eventual aprobación de la ley de amnistía deberán traducirse en cambios estructurales para evitar la repetición de prácticas represivas en el futuro.
