El crimen no rinde beneficios
La provincia del Chubut ha experimentado en los últimos años un marcado esfuerzo legal y político para enfrentar y remediar los hechos de corrupción que la han afectado históricamente. Uno de los hitos más recientes y relevantes en esta materia fue la presentación en 2025 de la primera demanda de extinción de dominio contra bienes adquiridos de manera ilegítima por un exfuncionario condenado.
En concreto, el gobierno provincial, a través del Fiscal de Estado Andrés Meiszner y su adjunto Christian Martínez, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una demanda en el marco de la Ley XIII N° 28, sancionada en 2024. Esta ley establece un régimen procesal para recuperar bienes obtenidos mediante delitos vinculados a la corrupción y el enriquecimiento ilícito. La demanda está dirigida contra Carlos Barbato, expresidente de la Lotería del Chubut, y su esposa Graciela Perrone, quienes fueron condenados en 2023 por enriquecer ilícitamente su patrimonio durante 2016-2019. Se busca la extinción de dominio sobre inmuebles y vehículos de alta gama adquiridos sin justificación patrimonial legítima.
El gobernador Ignacio Torres ha enfatizado que esta demanda es un acto de justicia y un mensaje contundente: en Chubut «el crimen no rinde beneficios». Esta acción judicial y la aplicación práctica de esta ley marcan un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en la provincia, comprometiendo al Estado a recuperar los bienes mal habidos para devolverlos a la ciudadanía.
Además, en 2024 la Legislatura del Chubut aprobó la llamada «Ley de Ficha Limpia» para cargos públicos no electivos, con el fin de impedir que personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan ejercer funciones públicas. Esta normativa forma parte de una política más amplia de ética y transparencia que incluye la auditoría de organismos públicos y la revisión de contratos vinculados a la administración anterior, buscando fortalecer la integridad institucional.
En síntesis, la provincia del Chubut ha venido dando pasos firmes en la última década no solo para sancionar a los responsables de hechos de corrupción sino también para recuperar activos y prevenir la ocupación de cargos públicos por personas con antecedentes graves. Se trata de un proceso en marcha que refleja la voluntad política de construir una administración pública más justa y transparente, con el objetivo de reparar daños pasados y robustecer la confianza ciudadana en las instituciones provinciales.
Esta recuperación de bienes y la normativa preventiva constituyen un avance significativo en una provincia que enfrentó durante años dificultades asociadas a prácticas corruptas, abriendo un camino para fortalecer el Estado de derecho y la gobernabilidad en Chubut.
