El Gobierno vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca
Esta madrugada, el mandatario nacional publicó en el Boletín Oficial un veto a la Ley de Emergencia y Catástrofe ambiental, económica y habitacional que se sancionó en el Congreso.
A comienzos de este mes, el Congreso sancionó — con 153 votos a favor, ninguna abstención y 32 votos en contra (todos de La Libertad Avanza)— la Ley 27.790, que declaró la emergencia por 180 días en las zonas afectadas, y por la cual se obligó al Gobierno nacional a crear un fondo especial de 200 mil millones de pesos para el otorgamiento de subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia estatal y la reparación de viviendas de la población damnificada. También fijaba exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local, y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.
A comienzos de este mes, el Congreso sancionó — con 153 votos a favor, ninguna abstención y 32 votos en contra (todos de La Libertad Avanza)— la Ley 27.790, que declaró la emergencia por 180 días en las zonas afectadas, y por la cual se obligó al Gobierno nacional a crear un fondo especial de 200 mil millones de pesos para el otorgamiento de subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia estatal y la reparación de viviendas de la población damnificada. También fijaba exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local, y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.
Sin embargo, para el Ejecutivo, según lo establecido en el flamante DNU, esas medidas ya fueron implementadas a través del Decreto 238/2025, que contempló la creación de un régimen especial con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad, denominado Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.).
En ese sentido, destacó que mediante este DNU se llegó a subsidiar a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos —»el 85,43 por ciento»—, y detalló que «los casos bajo análisis representan el 10,55 por ciento, y los rechazos, únicamente el 4,01 por ciento».
Por otro lado, el decreto, que lleva la firma presidencial, señala que «el proyecto de ley sancionado» en ambas cámaras del Congreso no indicaba cuál era la «fuente de financiamiento» de las partidas presupuestarias, lo que lo volvía irregular, según la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.
