El Reino Unido reconoció que infectó a miles de personas con sangre contaminada y ocultó el escándalo

Las autoridades británicas confirmaron que infectaron a más de 30.000 personas con el VIH y hepatitis C a través de sangre contaminada.
Debido a la escasez de sangre, el servicio público de salud recurrió a proveedores estadounidenses, entre los que se encontraban presos y miembros de grupos con un riesgo importante de infección.
Una investigación reveló el escándalo más grande en la salud pública en Reino Unido: el encubrimiento deliberado por parte de las autoridades británicas entre 1970 y 1991 de transfusiones de sangre contaminada con VIH y hepatitis. Este hecho provocó que más de 30.000 personas contrajeran dichas enfermedades, de las cuales unas 3.000 ya murieron.
La pesquisa, conocida como Investigación de Sangre Infectada, se prolongó durante cinco años y dio a conocer sus primeras conclusiones este lunes. El grupo de trabajo detrás de la operación sostuvo que las autoridades británicas, entre ellas personal médico y el Gobierno, eran conscientes de que esta situación se venía dando desde los orígenes del Servicio Nacional de Salud (NHS) en 1948, siendo que se agudizó entre 1970 y 1991.
El responsable de la investigación, sir Brian Langstaff, indicó que existió una deliberada intención de «ocultar la verdad», a la par que calificó de «horripilante» la magnitud de estos hallazgos, según recogió la BBC.
Entre los riesgos a los que fueron expuestas estas miles de personas, destacó la repetida importación de productos sanguíneos del extranjero debido a la escasez de sangre, incluida aquella de donantes estadounidenses y británicos de alto riesgo, como presos y drogadictos a los que se pagaba por transfusión.
“La magnitud de lo ocurrido es espantosa”, describió el exjuez en esta investigación de más de 2.500 páginas que recorre miles de testimonios y documentos que prueban que «la verdad estuvo oculta durante décadas». Sumado a esto, señaló sobre todo la responsabilidad de los sucesivos gobiernos por tardar en actuar cuando surgió el escándalo y por haber asegurado erróneamente en varias ocasiones que los pacientes habían recibido el mejor tratamiento.
«Este desastre no fue un accidente. Las infecciones se produjeron porque las autoridades [médicos, centros de transfusión y los sucesivos gobiernos] no dieron prioridad a la seguridad de los pacientes», denunció Langstaff, lamentando que esta negligencia haya destruido la vida de miles de personas.
La investigación destacó que dos grupos fueron los que se vieron afectados en gran medida: el de personas con hemofilia y trastornos en los que la sangre no coagula como debería (para las que se utilizó sangre contaminada, principalmente con hepatitis C) y el de aquellas que recibieron transfusiones después del parto, accidentes y durante tratamientos médicos.
En 2017, el gobierno británico, entonces dirigido por la conservadora Theresa May, decidió abrir esta investigación pública para ofrecer transparencia sobre esta tragedia, calificada como «el peor desastre médico» en la historia del NHS.
Ya en julio de 2022 y abril de 2023 la investigación publicó dos informes provisionales en los que se recomendaba al Gobierno británico indemnizar a los afectados. Una demanda que aceptó iniciando pagos de de hasta 100.000 libras a unos 4.000 supervivientes y sus familiares, si bien se espera que las compensaciones alcancen los miles de millones de euros.