El Stia ocupó las oficinas de Conarpesa y la empresa mandó a sus barcos a Santa Cruz
El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la empresa pesquera Conarpesa sigue escalando.
El reclamo del gremio es por la falta de reincorporación de 85 trabajadores efectivos de temporada en su planta de Puerto Madryn. Según el STIA, Conarpesa incumplió un acuerdo homologado en la Secretaría de Trabajo que obligaba a la empresa a dar el alta a los 85 empleados el 15 de julio.
Y en respuesta, trabajadores y dirigentes sindicales ocuparon el sector administrativo de la planta de Conarpesa en la ciudad.
En este marco, el presidente del grupo empresario, Fernando Álvarez Castellano, resolvió desviar varios de sus barcos a Santa Cruz. “He decidido que el CONARPESA 1 y el Don Juan Álvarez descarguen en Caleta Olivia, porque con gente tomando la planta, no están dadas las condiciones para operar en Madryn”, expresó el empresario. Además, dispuso este martes el retiro de todo el personal de las oficinas administrativas de la empresa con el objetivo de resguardar su seguridad.
Asimismo, Álvarez Castellano manifestó que, ante las amenazas del STIA de persistir con la toma de las instalaciones, espera que la Justicia actúe con celeridad y restablezca el normal funcionamiento de la planta, en el marco de la legislación vigente.
Comunicado de la empresa
A su vez, y a través de un comunicado oficial, Conarpesa expresó su rechazo a la ocupación de sus instalaciones en Puerto Madryn, afirmando que se trata de “una medida que vulnera derechos fundamentales, altera el normal funcionamiento de la empresa y perjudica a cientos de trabajadores que desean desarrollar sus tareas con normalidad”.
Al tiempo que denunciaron que todo se trata de una disputa de carácter personal impulsada por Luis Núñez, que “no puede derivar en acciones que paralicen una planta industrial ni afectar a quienes nada tienen que ver con ese conflicto”, aseguraron desde la firma.
“La toma de un establecimiento industrial, el bloqueo de la actividad y la interrupción del trabajo no constituyen herramientas válidas en un Estado de Derecho. Estas acciones generan incertidumbre, comprometen la continuidad operativa de la planta, afectan compromisos comerciales y ponen en riesgo el sustento de numerosas familias que dependen del normal funcionamiento de la empresa”, afirmaron.
