Fentanilo mortal: impunidad, protección política y vínculos Kirchneristas
La legisladora porteña Graciela Ocaña denunció con dureza los vínculos entre Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, productor del fentanilo contaminado que causó casi 100 muertes, y el kirchnerismo, poniendo especial énfasis en la relación con Lázaro Báez.
García Furfaro no tiene un origen tradicional en la industria farmacéutica: pasó de ser verdulero en el conurbano bonaerense a manejar laboratorios desde 2018, cuando adquirió uno que pertenecía a la familia López Bernabó. Su vínculo con el kirchnerismo se construyó a través de socios como Salinas, y más directamente con Lázaro Báez, el empresario ligado al kirchnerismo más conocido por su condena por lavado de dinero.
Este nexo se evidencia en varias sociedades y negocios conjuntos. Por ejemplo, García Furfaro comparte con Báez la empresa Top Air, dedicada al transporte aéreo privado, cuyo domicilio legal es el mismo que la vivienda familiar de García Furfaro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también la histórica sede del entramado empresarial de Báez en Río Gallegos. Además, ambos empresarios están vinculados a través de contadores en común y mantienen relaciones comerciales y societarias que se extienden incluso a hangares aeronáuticos usados para sus aviones privados. Los lazos se reflejan en visitas conjuntas a la cárcel a Báez, y en intentos de transferencias societarias que permitían preservar bienes ante embargos judiciales.
Ocaña explicó que el modelo llevado adelante por García Furfaro, basado en ofrecer medicamentos a menor precio a costa de la calidad, estuvo respaldado en conexiones políticas con el kirchnerismo, facilitando licitaciones estatales y negocios con influencia en hospitales públicos y obras sociales. Denunció además que el kirchnerismo ha bloqueado investigaciones y comisiones parlamentarias que buscan esclarecer la tragedia sanitaria causada por el fentanilo adulterado y los vínculos empresariales con figuras del poder.
El entramado expuesto revela una red societaria y política donde García Furfaro y Báez operan en conjunto o de manera muy vinculada, apuntalados por asesores y funcionarios vinculados al kirchnerismo, quienes en algunos casos han evitado que se tomen medidas institucionales contundentes para sancionar a los responsables. La gravedad de la contaminación y la muerte de decenas de personas, junto con la impunidad y la protección política, subrayan la magnitud del escándalo sanitario y político que hoy enfrenta la industria farmacéutica argentina.
