Gobernadores quieren quedarse con ATN y parte del impuesto a los combustibles
La necesidad de caja por la caída de la recaudación y la “motosierra” del gobierno de Javier Milei, sirvió como aglutinador de los gobernadores provinciales quienes acordaron impulsar un proyecto de ley para que se distribuyan las partidas de ATN no transferidas y quedarse con el dinero que va a los fondos fiduciarios para obras de infraestructura e hídricas.
En tanto, desde el Poder Ejecutivo rechazaron el pedido y reclamaron que se avance en la aprobación de la ley de “Reparación de los Ahorros” lo cual entienden que dinamizará la economía y generará nuevos recursos.
Diez gobernadores que fueron parte de Juntos por el Cambio ordenaron a sus senadores que no voten los proyectos para aumentar las jubilaciones, restituir la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad, con lo que la sesión que estaba prevista para este jueves por la tarde quedó en suspenso.
En la antesala de una sesión clave en el Senado, los gobernadores que integraron la ex coalición de Juntos por el Cambio, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA), mantuvieron ayer una reunión virtual junto a sus senadores y aliados parlamentarios y resolvieron no acompañar la votación de los proyectos que ya tienen media sanción, como reponer la moratoria previsional, incrementar jubilaciones y la emergencia en discapacidad, porque, aseguran, atentan contra el equilibrio fiscal.
En el mencionado encuentro virtual se resolvió, además, la estrategia parlamentaria intentar dividir en dos la sesión de este jueves para, luego de un cuarto intermedio, los legisladores sí puedan tratar los proyectos que consensuaron entre los 24 gobernadores, que refiere a la coparticipación del 50% del fondo de los ATN a las provincias, la eliminación de todos los fondos fiduciarios y modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos), que -señalan- “sólo tienen un costo fiscal del 0.11% del PBI”.
En el documento que firmaron, los mandatarios sostienen que la sanción de esta norma “no afectará la situación de las finanzas públicas nacionales, y que, contrariamente, generará más federalismo a partir de una mayor equidad distributiva”.
Para este reclamo, los gobernadores argumentan que el gobierno no está ejecutando obras de infraestructura ni tampoco hídricas que justifiquen esas asignaciones.
No obstante, si bien la propuesta aparece como una redistribución de partidas, lo concreto es que el recorte de esos gastos forma parte del superávit fiscal que mes a mes alcanza el gobierno nacional.
