La Asociación de Magistrados denunció penalmente a todos los ministros del STJ
La Comisión Directiva de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCh) presentó este jueves una denuncia penal contra los seis ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La presentación fue radicada en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública y apunta a una serie de hechos que, según la denuncia, podrían configurar delitos contra el Estado.
El escrito lleva la firma de la vicepresidenta primera de la Asociación, Ana Gustina Momo, y de los abogados Alfredo Pérez Galimberti y Raúl Heredia. Allí se acusan a los jueces Silvia Bustos, Camila Banfi, Javier Raidan, Andrés Giacomone, Ricardo Napolitani y Mario Luis Vivas por posibles hechos de sobresueldos, contrataciones sin concurso, otorgamiento de pasajes aéreos, desplazamiento irregular de personal y decisiones administrativas no publicadas.
“Venimos a formular denuncia penal contra los/as ministros/as del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut”, indica el documento, que remarca la supuesta utilización del cargo “para generar beneficios de diferente clase para su usufructo personal, disimulando y ocultando los instrumentos legales que los convalidaban”. La presentación también hace mención a designaciones sin respetar los concursos establecidos por ley y a prácticas de nepotismo.
Aumentos salariales cuestionados
Uno de los puntos centrales de la denuncia tiene que ver con el Acuerdo Plenario N° 5412, del 18 de marzo de 2025, mediante el cual —según detalla el escrito— los ministros se habrían autoasignado aumentos salariales y adicionales sin respaldo legal.
Según la AMFJCh, ese acuerdo definió un incremento del 20% para todos los ministros, adicionales del 15% para Banfi Saavedra y Napolitani, y un 30% para el presidente del STJ, Javier Raidán. El escrito también menciona que, a raíz de posteriores acuerdos (5446 y 5468), el presidente del tribunal incrementó su salario en un 50%, mientras que Napolitani y Banfi lo habrían hecho en un 45%, y los restantes ministros en un 20%.
La denuncia califica estas acciones como pasibles de investigación penal, bajo la figura de Defraudación a la Administración Pública mediante administración desleal, un delito reservado para funcionarios públicos que tienen bajo su cargo el manejo de bienes ajenos.
Próximos pasos
Desde la Asociación anticiparon que el próximo paso será solicitar formalmente el juicio político contra el presidente del STJ, Javier Raidán, a través de los mecanismos previstos por la Constitución provincial.
Torres, con críticas a la Asociación de Magistrados
Consultado por la prensa, el gobernador Ignacio Torres fue tajante en su postura. Aunque aclaró que no le interesan las internas judiciales, lanzó duras críticas tanto hacia el presidente del STJ como hacia la Asociación que impulsa la denuncia.
“Las internas judiciales me tienen sin cuidado. Pero cuando un sector de la Justicia se cree por encima del pueblo de Chubut, ahí sí me van a escuchar levantar la voz”, expresó.
Torres también cuestionó el rol de algunos jueces frente a las transformaciones institucionales en marcha, como la reforma del sistema judicial:
“Me avergüenza que haya jueces que no entienden lo que demanda la sociedad. Tienen que dedicarse a juzgar, no a legislar”. “Si quieren defender sus fueros y privilegios, que hagan puerta a puerta y los militen como cualquier ciudadano”.
Finalmente, respaldó la reciente enmienda constitucional aprobada por la Legislatura y recordó: “Los diputados ya legislaron. Se votó una enmienda constitucional. Y eso se tiene que respetar”.
