Los jueces denuncian que la nueva ley de Ganancias es inconstitucional para el Poder Judicial y piden que no se aplique
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó este lunes una demanda en la que reclama que se le ordene al Estado Nacional, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, a la Procuración General y a la Defensoría General de la Nación que se suspenda la aplicación la nueva reglamentación de la ley de Ganancias en sus sueldos. Según la presentación, los jueces sostuvieron que la nueva ley es “inconstitucional” y “menoscaba derechos adquiridos”.
El escrito que lleva la firma del juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación, exigió el dictado de una medida cautelar -previa habilitación de la feria- por entender que la nueva normativa afecta la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y el funcionamiento en sí del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensoría Pública.
“El Poder Judicial no puede ser cómplice de este avasallamiento y convertirse en un ‘acompañante’ más de los caprichos del Poder Legislativo Nacional y/o del Poder Ejecutivo Nacional” que con esta normativa “desconoce la división de poderes”, se sostuvo en un tramo de la presentación. En ese contexto, la entidad que nuclea a los jueces pidió que se “declare la inconstitucionalidad y/o invalidez jurídica y/o ilegitimidad de la ley 27743″ para el universo de miembros de la asociación en todo cuanto resulte materia de agravio y se mantenga el actual escenario.
«Es decir el legislador consideró que se puede disminuir la remuneración de un magistrado funcionario o empleado judicial a través de la aplicación del impuesto a las ganancias pero que no puede hacerlo respecto de un escribiente nombrado a finales del 2016 tal conclusión no resiste ningún control de racionalidad”, agregaron en el escrito Basso y los abogados que firman la demanda, Alberto Spota y Daniel Reimundes. Se genera entonces “un ridículo cuadro de desigualdad aún dentro de un mismo órgano jurisdiccional pudiéndose constatar que dos magistrados que ostentan el mismo cargo por ende sujetos e iguales obligaciones y responsabilidades, una recibe una compensación sensiblemente mejor a la del otro”.
En ese contexto, la Asociación reclamó el dictado de una medida cautelar (sin correr traslado al Estado Nacional para que haga su informe) y consecuentemente se ordena el Estado Nacional, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, a la Procuración General y la Defensoria General que se “abstengan de aplicar la ley 27743 en cuanto a menoscaba los derechos adquiridos por los miembros de esta asociación” hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de esa norma, demanda que será presentada en los próximos días.
