Multa diaria de $100.000 al Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

En víspera de la quinta Marcha Federal Universitaria, el juez Martín Cormick fijó en 100 mil pesos diarios la multa al jefe de Gabinete Diego Santilli por no actualizar salarios docentes ni fondos para becas según lo exigido por la Ley de Financiamiento
La sanción busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la orden judicial que exige aplicar las disposiciones de la Ley 27.795 relacionadas con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la actualización de los fondos destinados a las becas estudiantiles. El magistrado consideró que el Estado nacional no acreditó el cumplimiento total de la medida cautelar.
La multa, denominada astreinte, recae inicialmente sobre Diego Santilli, en su condición de jefe de Gabinete de la Nación, área vinculada con la administración general del país y la ejecución presupuestaria. El juez advirtió que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si el incumplimiento continúa.
El 22 de septiembre, Cormick había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora. El 30 de septiembre, tras evaluar la respuesta oficial, el magistrado volvió a exigir su cumplimiento y mantuvo la advertencia de sanciones económicas.
Ante la falta de acreditación del cumplimiento total, el juez resolvió avanzar con la aplicación de las astreintes, fijadas inicialmente en $100.000 diarios.
Cautelar vigente
Se trata de una medida cautelar que sigue vigente, pese a que el expediente principal donde se debate la validez de un Decreto que condicionó la aplicación de la Ley está bajo estudio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente contempla la actualización de los salarios del personal docente y no docente, así como la recomposición de las becas estudiantiles.
En materia salarial, la normativa establece que los haberes debían adecuarse en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. Según ese cálculo, el incremento correspondiente debía alcanzar el 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
Además, la ley dispone que las remuneraciones se actualicen mensualmente de acuerdo con la evolución del IPC y establece medidas para recomponer y actualizar los montos de las becas.
La controversia judicial continúa mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal, luego de que el Estado apelara el fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la norma.