Piden quitarle la jubilación de privilegio a Alberto Fernández tras su procesamiento por corrupción
Un grupo de legisladores encabezado por Graciela Ocaña le solicitó a la Anses que deje en suspenso la prestación hasta que se resuelva la causa por irregularidades en contratos de seguros para el Estado.
El expresidente está acusado formalmente del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Este jueves, el juez Sebastián Casanello procesó al exfuncionario y le aplicó un embargo por $14.634.220.283. La acusación se fundamenta en el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar con Nación Seguros, y en la designación de María Cantero como su secretaria privada.
Según el fallo, hay “fuertes sospechas” de que el exfuncionario construyó una oficina en Presidencia que se convirtió en “asiento de los negocios del grupo empresarial de los cuales él mismo había participado”.
En esa línea, el expresidente aseguró que la decisión judicial “fuerza la interpretación de pruebas” para mantenerlo “arbitrariamente ligado al proceso”.
En el fallo, Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández.
El juez determinó que la designación de Cantero en la Casa Rosada generó una “confusión de intereses”. “Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir -en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario- suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, se puede leer en el documento.
Y agrega: “La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral. A la par de un trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales”.
Según señala presentación que firmaron Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, integrantes del bloque Confianza Pública en la Legislatura porteña, “el expresidente Fernández nunca debió gozar de una jubilación de privilegio, pero ante este nuevo hecho [en referencia al procesamiento] debe ser al menos suspendida hasta que se resuelva la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.
