Procesan a iraníes y libaneses acusados del atentado a la AMIA
Ya pasaron más de 30 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el más recordado de la historia de la República Argentina. En ese sentido, este lunes se dio una gran noticia debido a que ocho ciudadanos de nacionalidad iraní y libanesa fueron procesados tras la reconstrucción de la planificación del ataque.
El juez Rafecas procesó a los iraníes y libaneses acusados del atentado a la AMIA. Se trata de ocho exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
Los imputados deberán comparecer en un juicio en ausencia, en la primera vez que avanza un proceso de este tipo. Fueron procesados como autores o partícipes de homicidio calificado por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común.
Rafecas también fundamentó y calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y apeló a la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional.
Cuando el fiscal de la UFI – AMIA -Sebastián Basso- imputó a los responsables del atentado terrorista, sostuvo: “Se trata de un crimen que ha causado efectos devastadores en el territorio nacional, ocasionado mediante un método tipificado internacionalmente como atentado terrorista y por el uso de coche-bomba, que responde a un patrón de violencia sistemática y organizada contra una población civil identificable, en este caso, la comunidad judía argentina”.
En la resolución que firmó este lunes el magistrado también impuso a cada uno de los acusados un embargo de 500 millones de dólares. Al momento de justificar la decisión de avanzar con el procesamiento, el magistrado recordó que nuestro país cuenta con una ley de juicio en ausencia (Ley 27.784), lo que habilita el “mecanismo procesal que permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos, asegurando su derecho a contar con un defensor y manteniendo todas las demás garantías del debido proceso”, informó el juzgado.
