Revocan uno de los amparos contra la Ley de Glaciares
Días pasados, la Justicia argentina revocó un fallo que había suspendido la aplicación, en la provincia de Santa Cruz, de la reforma a la Ley de Protección de Glaciares aprobada recientemente por el Parlamento a impulso del Gobierno de Javier Milei. Se trataba del amparo presentado en Santa Cruz.
El pasado 24 de abril, Claudio Vázquez, juez federal de la ciudad de Río Gallegos, había ordenado frenar de modo temporal en la provincia la aplicación de la reforma en respuesta a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante de la ciudad santacruceña de El Calafate, puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde está, entre otros, el monumental glaciar Perito Moreno.
Aprobada por el Parlamento el pasado 9 de abril, la reforma otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras. La norma modifica la ley de glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
El Gobierno de Milei alega que esta modificación a la ley de glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro. Por su parte, las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen “reservas estratégicas de recursos hídricos” a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares “sin función hídrica relevante”.
Otros amparos contra la reforma
Además del amparo presentado en Santa Cruz, el Gobierno de la provincia de La Pampa presentó el 9 de abril un amparo colectivo contra la reforma en el que plantea la inconstitucionalidad de la norma impulsada por el Ejecutivo de Milei.
Por su parte, el pasado martes organizaciones ambientalistas presentaron otro amparo colectivo, al que adhirieron 850.000 personas, en contra de la reforma.
La nueva batalla judicial tiene un antecedente de peso; en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda contra aquella norma iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan.
En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
