Presentaron un pedido de juicio político contra Javier Raidan
El Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia presentaron ante la Legislatura un pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Javier Raidan, al que acusan de mal desempeño y diversas irregularidades administrativas.
La presentación fue encabezada por los abogados Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti, en representación de ambas entidades, y detalla un conjunto de hechos que, según los denunciantes, configuran un incumplimiento de los deberes del cargo y afectan la independencia del Poder Judicial.
El primer punto del documento señala “independencia, autonomía e imparcialidad”, y manifiesta: “La idea de la República democrática se construye sobre la base de tres poderes que se equilibran y controlan, que se reparten las competencias del Estado conforme normas constitucionales, y que las defienden de toda intromisión indebida de otro de los poderes. Para controlar el desmadre de su rol cuando uno de los poderes abusa de las atribuciones asignadas, hay remedios constitucionales”.
Además se apuntó contra el “sometimiento del Poder Judicial a la Subsecretaría de Trabajo”, en relación al reclamo del sindicato que terminó con una intervención inusual de este organismo provincial; “el sometimiento del Poder Judicial a una reprimenda del Poder Ejecutivo cuando se conoció que los ministros del Superior Tribunal de Justicia aumentaron sus remuneraciones quebrantando las disposiciones de la Ley de porcentualidad, que incluyó un cuestionamiento del gobernador Ignacio Torres al alto Tribunal”.
También se acusó a Raidán por “delegación prohibida de competencias asignadas por vía constitucional y legal”; por el “aumento de las remuneraciones del Superior Tribunal sin sustento legal en la Ley de Porcentualidad”; por el “uso de vehículos del Poder Judicial para el traslado de los ministros a sus domicilios particulares, ubicados a más de 70 kilómetros de la sede del Tribunal”; por la asignación de “viáticos diferenciados para los ministros/as y para los choferes de ministros/as”, entre otros aspectos.
Con la presentación formalizada, la Legislatura deberá evaluar si admite el pedido y conforma una comisión investigadora. En caso de prosperar, el proceso podría derivar en un juicio político que, de encontrar culpabilidad, implicaría la destitución del presidente del STJ.
